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 Por su alto contenido en azúcar, los refrescos empiezan a engrosar
las listas negras de productos que las autoridades sanitarias quieren
desincentivar. Y gravar: el Gobierno italiano de Mario Monti pretende
seguir la estela de Francia e imponer un impuesto especial a las bebidas
azucaradas para fomentar los hábitos alimentarios. La industria de
bebidas emprende así una batalla como la que ya libraron las del tabaco o
el alcohol.
Dentro de pocos días, los italianos podrían pagar más
por una gaseosa, una coca-cola (también por una light) y hasta una
botella de agua con gas. El Parlamento de Roma votará el viernes un
decreto preparado por el titular de Sanidad, Renato Balduzzi, que prevé,
entre otras medidas, un impuesto sobre las bebidas con azúcar,
edulcorantes y burbujas. De aprobarse, el Estado cobrará siete céntimos
por cada litro de líquido producido. Una lata de Pepsi, por ejemplo,
costará tres céntimos más. El plan, que incluye otras subidas de
impuestos, pretende inyectar en las destartaladas arcas públicas cerca
de 250 millones por cada curso.
El impuesto sobre las bebidas azucaradas existe en
Francia desde el año pasado, cuando el Gobierno conservador presidido
por Nicolas Sarkozy aprobó una tasa de entre tres y seis céntimos de
euro por litro. La decisión, que se calcula supone unos ingresos anuales
de 120 millones de euros al Estado y fue sancionada por el Tribunal
Constitucional en diciembre, se vivió como un episodio más de la vieja
guerra cultural entre Francia y Estados Unidos.
La tasa fue justificada por las autoridades como una
forma de combatir el sobrepeso, que según diversos estudios afecta a
cerca de un tercio de la población, el doble que hace 15 años, aunque
otras estadísticas aseguran que los franceses son, de media, el segundo
pueblo más flaco de Europa.
Los refrescos preocupan de forma creciente a las
autoridades sanitarias por sus efectos sobre la salud. El presidente de
la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Felipe Casanueva,
explica que los estas bebidas forman parte de una serie de hábitos que
producen sobrepeso, por lo que ve con buenos ojos que se apliquen
medidas impositivas. Gravar las bebidas azucaradas sí reduce el consumo.
Lo hemos visto con el tabaco. El endocrino defiende que las medidas
fiscales para prevenir el consumo de refrescos y tabaco son equiparables
porque no son productos fundamentales para las familias y no privan de
la libertad de elección a los consumidores. Por gravar unos céntimos no
se priva a la gente del producto, pero sí se reduce bastante el consumo.
Casanueva asegura que las bebidas azucaradas inducen a
la obesidad, sobre todo entre adolescentes, porque se consumen en
ambientes de socialización. La subida moderada de impuestos debe sumarse
a otras pequeñas medidas que, junto a la educación, nos ayudará a
combatir la obesidad, concluye. En España, el 19% de los niños padece
obesidad y el 26% sobrepeso.
En Italia, como en todos los países occidentales, las
personas pesan cada vez más. En nuestra dieta los azúcares no tienen
que superar el 60% de las calorías que ingerimos en el día. Por eso,
entre los muchos factores que provocan obesidad, uno es el abuso de
refrescos, considera Pietro Antonio Migliaccio, presidente de la
Sociedad italiana de Ciencias de la Alimentación. El porcentaje de
pacientes con exceso de peso se ha disparado en los últimos años. Hoy,
más del 24% de los niños en edad de crecimiento pesa más de lo que
debería y el 12% es obeso, explica. Me parece importantísimo preocuparse
por el azúcar, cuyo exceso puede provocar hipertensión, diabetes,
ataques de corazón, enfermedades en los huesos. Patologías que acaban
disparando el gasto de la sanidad pública, asegura Migliaccio.
El debate despierta tanto optimismo entre los
sanitarios como preocupación en la patronal. Josep Puxeu, director
general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes
Analcohólicas (Anfabra), cree que subir los impuestos a las bebidas
azucaradas son palos de ciego que dan los Gobierno de la Eurozona para
recaudar. Y se queja amargamente de que se especule con cuestiones de
salud que no tienen una base científica, pues, si se gravan los
refrescos por tener azúcar, ¿habría que gravar este ingrediente?,
ironiza. Califica la medida de discriminación arbitraria. Los
fabricantes, además, defienden que las subidas de impuestos son
ineficaces porque retraerán el consumo. Puxeu recuerda que las fábricas
de bebidas azucaradas generan 60.000 empleos directos en España.
Los refrescos aportan solo el 1% de las calorías que
los italianos ingieren cada día, insiste el presidente de la Asociación
Italiana de Industriales de las Bebidas Analcohólicas (Assobibe). Una
lata de Coca-Cola (330 mililitros) tiene 139 kilocalorías, el 7% de las
que necesita un adulto que consuma 2.000 kilocalorías al día, como
advierte el envase.
En Francia, la multinacional del refresco recibió
como una ofensa la idea del Gabinete de François Fillon de gravar su
producto, y se apresuró a declarar que la tasa lo estigmatizaba como si
fuera tan poco saludable como el tabaco. Amenazó con no realizar una
inversión de 17 millones de euros en su histórica fábrica de
Pennes-Mirabeau, cerca de Marsella, que produce dos millones de litros
de refrescos diarios y lleva funcionando 40 años. Al final, sin embargo,
la compañía confirmó la millonaria inversión.
La multinacional americana también tiene problemas en
Estados Unidos. Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, anunció en
mayo la prohibición de que las bebidas azucaradas se sirvan en envases
de más medio litro, medida que llegó a comparar con la restricción de
fumar en lugares públicos. La iniciativa no afecta a los refrescos light
ni a los que tengan menos de 25 calorías por cada ocho onzas (unos 47
centilitros). El demócrata Gavin Newsom ya puso la mira en los refrescos
en el año 2007, cuando era alcalde de San Francisco (California), y
propuso gravar los refrescos para combatir la obesidad.
En Italia, sin embargo, no solo la oposición ha
cuestionado la propuesta del Gobierno italiano. Las críticas han
emergido incluso en el partido más representado en el Congreso, el
Pueblo de la Libertad del ex primer ministro Silvio Berlusconi, que
apoya el Ejecutivo de tecnócratas. "Ahora Mario Monti quiere tasar hasta
la gaseosa de los chavales", ironizó Maurizio Gasparri, presidente del
grupo parlamentario de este partido.
Con información de Miguel Mora (París).
Publicado en eldiario "El País"
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Un estudio sobre el maíz transgénico de Monsanto intensifica la
preocupación en torno a la confiabilidad de la Autoridad Sanitaria
Alimentaria.
400 trabajadores/as de la Asamblea de Madrid, y entre ellos
129 diputados, pagan por comer un menú en la cafetería de dicha
institución, 3,55 euros. Esto significa que pagan 1,07
euros menos de lo que paga un niño/a sin beca en el comedor de un
colegio (4,62 euros según cálculos del Gobierno regional).
