España: Una nueva Política Agraria Común y otros cuentos
Acsud “Las Segovias”, Amigos de la Tierra,
La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), Cáritas,
Sindicato de Obreros del Campo, Veterinarios sin Fronteras, Sodepaz,
Entrepueblos, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Ecologistas en
Acción… y más.
Todas estas organizaciones se unieron formando la Plataforma Rural,
que a la vez forma parte del “Movimiento Europeo por la Soberanía Alimentaria
y otra PAC”, que engloba a más organizaciones como ATTAC, Slow Food, la Vía Campesina y suma
y sigue.
Cientos de miles de personas. En el estado
español. Millones a nivel continental. Agrupadas en organizaciones ecologistas,
religiosas, ONG’s, ONGD’s, agricultores, consumidores, campesinos, etc. La flor
y nata del asociacionismo. Luchando por un justo sueño llamado “Soberanía
Alimentaria”. El derecho de los pueblos a definir sus políticas agrarias para
garantizar el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. Que no sea el mercado quién decida qué,
cómo, dónde, cuándo y de qué manera sembrar. Que no se sigan
enriqueciendo especuladores, manipuladores genéticos, transnacionales,
intermediarios, supermercados y demás buitres carroñeros. Al fin y al cabo está
en juego algo esencial. La alimentación del planeta.
En Europa se debate el futuro de la Política Agraria Común
(PAC). En un reciente comunicado las organizaciones sociales se congratulaban
por los avances de la
Comisión Europea en cuanto al reparto más equitativo de los
subsidios agrícolas.
Dichas subvenciones, aparte de recaer
mayoritariamente en terratenientes y aristócratas, son parches para resistir la
embestida a falta de políticas que protejan a los pequeños agricultores y
consumidores del abuso de los intermediarios y los vaivenes irracionales del
todopoderoso mercado. Al igual que sucede con la crisis climática, no se incide
en las causas reales que originan el problema y se buscan medidas coyunturales
para enmascararlo, perpetuarlo y hacerlo menos políticamente incorrecto a la
sociedad.
Como denuncia la Plataforma Rural
“La Comisión Europea
continúa creyendo que los mercados de la agricultura y los alimentos son
eficientes y que la “competitividad” traerá soluciones justas”, pero “La crisis
europea y global han demostrado el fracaso de las políticas orientadas al
“libre” mercado y las reglas internacionales de comercio”.
La sociedad civil, en voz de estas organizaciones,
exige medidas estructurales que solucionen los problemas de la agricultura. Un
sector del que viven y trabajan cientos de millones de personas en el mundo.
Que proporciona alimentos. Porque se puede prescindir de ordenadores, libros,
teléfonos, bolígrafos, coches, pantalones o cerveza. Pero nunca, nunca, nunca…
se podrá prescindir de los alimentos.
Hay mucho en juego y la clase política desoye, se
arrodilla ante los organismos multilaterales, protege los intereses del “Dios
mercado” y se pliega a los grandes capitales.
Llegados a este extremo, sería interesante cuestionarse,
no sólo en manos de quién estará la alimentación en el futuro, sino qué tipo de
democracia es esta donde las propuestas de la sociedad son sistemáticamente
obviadas y traspapeladas. Democracia es verbo y no sustantivo.
Rosita, en Córdoba y quietecita estabas más bonita
En los últimos días, el Comité de Representantes
Permanentes de los Estados Miembros (COREPER), ha dado su visto bueno al
acuerdo entre la Unión
Europea y Marruecos, que liberalizará el comercio entre ambas
regiones.
La agricultura española recibe de esta forma su
enésimo golpe ante el silencio de su gobierno y la COAG tilda dicha actitud
como de “irresponsable”. Según dicho sindicato, el futuro de la propuesta queda
ahora en manos del Parlamento Europeo que deliberará sobre el asunto el próximo
año.
Este acuerdo, de avanzar, permitirá la entrada de
productos agrícolas desde el país africano, que son mucho más baratos debido a
que los costos de producción son menores.
La exportación y el acceso a los mercados
europeos, lejos de mitos divulgados incluso por algunas ONG’s, no beneficiará a
los pequeños agricultores marroquíes e incluso saldrán más perjudicados en la
medida que se potencie la agroexportación, en este caso dirección Unión
Europea.
Hace dos años, en mi artículo “El agricultor
en peligro de extinción”,[1] indiqué que el
Instituto de Comercio Exterior había recabado que “el 75% de la superficie
agrícola marroquí corresponde a pequeñas explotaciones familiares, dedicadas
prácticamente a una agricultura de subsistencia. El 25% restante lo constituyen
grandes explotaciones agrícolas de regadío, modernas y con una clara vocación
exportadora”[2]
Dos tipos de agricultura como se puede observar, y
por lo tanto, quienes salen mayormente beneficiados con la liberalización del mercado no son los pequeños
campesinos sino los propietarios de esas modernas explotaciones que siembran
para exportar. No se quiere decir con ello que los pequeños agricultores, en
algún caso, acaben vendiendo sus cultivos en mercados extranjeros. Pero en esa
situación suele ser brutal la dependencia hacia el intermediario, que acaba
estableciendo el precio y las condiciones de compra. Es así como las supuestas
ventajas derivadas de la apertura de mercados acaban diluyéndose y
desapareciendo ante la voracidad del intermediario. Por lo tanto, sin un precio
digno y justo, las medidas neoliberales, para los pequeños, se quedan en agua
de borrajas.
Este aspecto del intermediario es uno de los
problemas troncales que enfrenta la agricultura. Sirva
de ejemplo el “Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos”, que
elaboran en España la COAG, la UCE y la CEACCU. Según el
índice global del año 2009, los precios que recibía un agricultor por la venta
de sus alimentos multiplicaban su valor por cinco una vez ubicados en las
estanterías de los comercios. El abuso es tal que en muchos casos los
agricultores están abandonando las tierras porque simplemente no cubren ni los
gastos.
En el caso de Marruecos, las grandes
explotaciones, modernas y destinadas a la exportación están en manos de
terratenientes. Incluso muchas de estas tierras están en poder de hacendados
españoles que deslocalizaron la producción para sacar más rédito. El propio
monarca marroquí es poseedor de grandes extensiones de terreno donde brotan
-entre otros cultivos- naranjas que son compradas y distribuidas por mayoristas
valencianos, compitiendo y desplazando la producción local.
También señalé en dicho trabajo como campesinos
marroquíes habían sido expulsados de sus tierras para ser destinadas al negocio
de la exportación.
Por lo tanto, con acuerdos liberalizadores como que el que
apoya el COREPER, la agricultura, el sustento y el desarrollo del pequeño
agricultor -español o marroquí, marroquí o español- queda en claro peligro.
El chiringuito se lo montan, por tanto,
distribuidores, minoristas que podrán acceder a productos más baratos y grandes
terratenientes españoles y marroquíes incluidos aristócratas y el monarca del
país, que aparte de aplastar saharauis también practica la citricultura.
Rosa Aguilar, en estos primeros días al frente del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, opta, como cabía esperar
tratándose de una administración del PSOE, por una línea marcadamente
continuista en favor de la agricultura industrial contraria a los intereses de
agricultores y consumidores.
Fichaje galáctico de la FAO para el “Jacques-team”
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en boca de su
Director General, Jacques Diouf, anunció la semana pasada la designación de la estadounidense Ann
Tutwiler, como uno de los dos Directores Generales Adjuntos
de la Organización.
Tutwiler trabajó hasta inicios de año en el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde ocupaba el cargo de
Coordinadora de Seguridad Alimentaria Mundial, en las Oficinas del Secretario
de Agricultura. Anteriormente se había desempeñado como asesora superior para
las Oficinas de África, de la controvertida Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID). Para ver algunos de los disparates de esta
agencia en materia de seguridad alimentaria, se puede leer mi artículo
publicado años atrás “Cuando los diccionarios se quedan sin palabras”.[3]
Por si no fuera suficiente con haber ostentado
cargos públicos de alto nivel relacionados con la agricultura en el país que
más ha defendido la liberalización del mercado agrícola (no del suyo pero sí el
de los otros) y que además apuesta por tecnologías conflictivas y peligrosas
como la manipulación genética; en la nota de prensa de la FAO que informa de la
designación de Ann Tutwiler, voluntaria o involuntariamente, se prescindió del
pasado de esta señora como presidenta del International Food and Agricultural
Trade Policy Council (IPC).[4]
Como se indica en su propia web, el IPC apuesta
claramente por la liberalización de los mercados agrícolas. Sus funciones
concuerdan con la de un lobby al reconocer que “…convoca a políticos
influyentes, ejecutivos de la agroindustria, granjeros y académicos de países
desarrollados y en desarrollo para aclarar cuestiones, crear consenso y promover
políticas para la toma de decisiones”[5]
Este organismo es financiado por Monsanto,
Unilever, Cargill, Nestle, Syngenta y otros. Entre los miembros que lo
conforman se mezclan ejecutivos de algunas de las empresas mencionadas, con
personas que han tenido vínculo con la administración pública, como Franz
Fischler -ex Comisario de la
Unión Europea para la Agricultura- o Carlo Trojan -ex
Embajador de la
Comisión Europea en la Organización Mundial
del Comercio.
Una de patentes
Informa el diario La Verdad que “La agrupación de
interés económico Geslive, una suerte de SGAE para los derechos de la propiedad
industrial e intelectual en el mundo agrícola, está exigiendo a labradores de la Vega Baja hasta 34.000
euros en concepto de patentes de sus mandarinos, plantados antes o después del
año 2006, fecha en la que esta compañía registró oficialmente el plantón de
cítricos 'Nadorcott'”.[6]
Esta conflictiva variedad procede de Marruecos y
su principal ventaja es que madura más tarde y puede penetrar en los mercados
en épocas en las que escasean las otras mandarinas. En 2004 se solicitó su
patente en la
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. Diversos
recursos de organizaciones agrarias españolas retrasaron la concesión de la
patente hasta 2006, cuando fue otorgada a la empresa francesa Nadorcott Protection.
En ese momento, numerosos agricultores españoles ya la habían plantado.
Este hecho no frenó a Nadorcott Protection y a
Geslive, que demandaron a dos agricultores que habían sembrado dicha variedad
antes de ser patentada y a los que al parecer y según la nota de prensa
consultada, se les quería condenar incluso con la cárcel.[7]
Los métodos policiales usados para cazar a los
agricultores se asemejan a los que emplea Monsanto para detectar a los
campesinos que usan sus semillas sin las oportunas licencias. En España por
ejemplo, la policía judicial y el Seprona han participado en las “batidas” para
detectar matas “ilegales” de “Nadorcott”. Una vez localizadas se recurre a la
justicia lo cual ha producido temor y congoja entre los agricultores.
Algunas organizaciones agrarias como La Unió de
Llauradors, han tachado esta nueva batería de demandas como un “abuso”, no sólo
por la elevada cantidad de dinero que se quiere pedir a los agricultores
denunciados, sino porque una vez más han sido encausados propietarios que
sembraron la variedad antes de ser patentada.
Otro de los problemas asociados a esta práctica
según afirmó a los medios Cristóbal Aguado -presidente de la Asociación Valenciana
de Agricultores- es que Geslive está presionando a los comercios para que
compren a los agricultores que siembran la “Nadorcott” y tienen
contratos con esta sociedad. Para el dirigente valenciano, se “está formando un
club de variedad”.[8]
Si no se remedia, es probable que capítulos como
este empiecen a ser cotidianos en un futuro próximo. Es sumamente peligroso que
los “biopiratas” se apoderen de la vida, de la alimentación y de un sector como
la agricultura del que dependen cientos de millones de personas en el planeta.
Es peligroso que presionen a los comerciantes para que trabajen “su” mandarina.
Es peligroso porque en un sector desolado donde apenas se cubren gastos, este
tipo de engendros sólo se lo pueden permitir unos pocos y la gran mayoría
quedan excluidos. Y es muy peligroso porque el día que los mayoristas o
comerciantes quieran trabajar con una de estas variedades patentadas, todos los
agricultores tendrán que pasar por el aro… y usted consumidor, también.
Algunas variedades de mandarinas en el País
Valenciano fueron bautizadas con nombres que rememoran el lugar donde brotaron
espontáneamente por primera vez. La “Clausellina” nació en una finca perteneciente a
un señor llamado de apellido Clausell. La “Hernandina” a uno
denominado Hernández y la
“Clemenules”, la variedad estrella y con un sabor
insuperable, brotó en la localidad castellonense de Nules.
Los agricultores Clausell y Hernández y los
agricultores del municipio de Nules, son de los de verdad. De los que viven por
y para la tierra. Los
“biopiratas”, sus mercenarios y sus legisladores cómplices, no. Por eso unas
variedades son patrimonio de la humanidad y la otra es de Nadorcott Protection,
empresa que dicho sea de paso, está vinculada con la familia real Marroquí.[9] Sí, esa misma
que atropella a Saharauis ante la condescendencia del gobierno español y esa
misma que se abraza amigable y públicamente con otro miembro más “bonachón” de
la “galaxia monarquía”… un tal Juan Carlos.
En definitiva y a modo gráfico, en una esquina
está la sociedad civil representada por diversas y variopintas organizaciones y
en la otra especuladores, inversores, “biopiratas”, monarcas, aristócratas,
manipuladores genéticos, intermediarios, transnacionales, etc. El arbitro ¿a
favor de quién está?
Hacinados
“Antama” es una fundación que benévolamente se
promociona así misma como una organización sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo promocionar las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, la
alimentación y el medio ambiente.
En primera instancia, las buenas y filantrópicas
intenciones pueden colar. Pero se desvanecen cuando se investiga un poco y se
descubre que entre sus miembros aparece, por ejemplo, ASEBIO, el lobby de la
industria biotecnológica. La imagen humana, finalmente, se hace añicos cuando
se desvela que el actual presidente de la Fundación Antama
fue director de Syngenta Seeds y un ex vicepresidente fue Director de
Biotecnología de Monsanto.[10]
Ambas empresas tienen claros intereses económicos en la promoción de los
cultivos transgénicos y por lo tanto, la Fundación Antama,
lejos de la neutralidad, funge como plataforma para promocionar los cultivos
transgénicos y expandir los intereses de dicha industria.
Su base de datos, entre muchas perlas, almacena
reseñas sobre actos y declaraciones de Antonio Villarroel, defensor de los
cultivos transgénicos que ha participado en talleres y jornadas con miembros de
Monsanto y ASEBIO entre otros. Villarroel también es director de Geslive, la
sociedad que defiende la privatización de los seres vivos y que demanda a
agricultores. Eso permite ver con más nitidez, hacia qué molinos dirige las
aguas esta fundación o a qué tipo de noticias y señores da voz.
Pues bien, hace pocos días, Antama anunciaba en su
web que la
Academia Científica Pontificia del Vaticano defendía los
transgénicos como una vía segura y eficaz de lucha contra el hambre.[11]
Esta curiosa declaración perdió el rango de “titular de la noticia” y con ello
un público garantizado, cuando la santa sede se afanó en desmentir semejante
comentario alegando que esas afirmaciones no representan la postura
institucional, ni del Vaticano ni de la Academia.[12]
Antama no ha rectificado en su web y el que
escribe esto se ha quedado sin titular sensacionalista. Aún así no me he
rendido y al examinar pormenorizadamente la noticia del espaldarazo católico,
apostólico y romano a los transgénicos, he podido descubrir como el autor
afirma lo siguiente: “…hay un billón de personas que están desnutridos…”, o lo
que es lo mismo, el equivalente a 200 veces la población actual de la tierra. Rigurosidad
ante todo.
