Declaración Internacional contra la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible
Durante el reciente
encuentro de la Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del
Mercado que tuvo lugar con la presencia de organizaciones de Sur y Norte, en
Udine, Italia, se expresó gran preocupación en contra de la próxima reunión de
la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) que tendrá lugar en
Colombia el 16 y 17 de Octubre.
Organizaciones colombianas denuncian las terribles violaciones a los derechos
humanos cometidos por los intereses agroindustriales de los palmicultores y ven
este intento como una forma de "maquillar de verde" la ocupación de
territorios y el creciente empobrecimiento de las comunidades locales.
Las organizaciones de la Red de Alternativas formularon una declaración
en contra de esta iniciativa y en apoyo a la declaración de las organizaciones
colombianas.
Toda la información la encuentran en la declaración adjunta. Si desean adherir
a la declaración internacional, o para cualquier pregunta o comentario acerca
de la misma por favor, envíen un mensaje con el nombre de su organización y el
país a
La Declaración será enviada el 13 de Octubre, pero continuará abierta durante
más tiempo para seguir recibiendo firmas de adhesión. Por favor, difundan la
Declaración entre quienes puedan estar interesados.
Declaración internacional en
contra de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’ (RSPO)
En defensa de los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria,
la Biodiversidad y la Justicia Climática
Irónicamente, el próximo 16 de octubre de 2008, Día Mundial de la Alimentación
y de la Soberanía Alimentaria, dará comienzo en Cartagena (Colombia) una
reunión para promocionar los monocultivos de palma aceitera, que justamente son
la causa de múltiples violaciones del Derecho a la Alimentación y van en
sentido contrario a la soberanía alimentaria en la medida que socavan el
derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos de acuerdo con las
condiciones de sus territorios y su cultura alimentaria.
La Primera Reunión Latinoamericana de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma
Sostenible’ (RSPO, por sus siglas en inglés) es un encuentro de directivos de
la Mesa Redonda y representantes de las empresas relacionadas con la
agroindustria de la palma de aceite en América Latina que busca “adquirir la
certificación correspondiente de la RSPO para poder llevar los aceites de
palma, sus derivados y productos a los mercados internacionales
principalmente”. Se trata de otro intento más de “lavado verde” de la
agroindustria, vista toda la publicidad negativa que ha recibido en relación
con la crisis alimentaria y en respuesta a la masiva contestación social y
política en el mundo frente a los planes de expansión del actual modelo de
producción de agrocombustibles.
Desde Colombia, las organizaciones sociales y ambientales denuncian que
"la RSPO busca legitimar un negocio lesivo que vulnera los derechos de las
comunidades locales (indígenas, afrodescendientes y campesinos). Al tiempo,
provoca serios impactos sobre los territorios y el patrimonio natural por
tratarse de una estrategia de mercado que busca viabilizar la comercialización
de los productos derivados de la palma, generando mayores dividendos y no
soluciones a los conflictos ocasionados. De hecho, ningún proceso de
certificación puede garantizar tales soluciones.”
El aceite de palma es una materia prima estratégica en el sector de los
agronegocios ya que es el aceite vegetal más comercializado y consumido en el
mundo, como producto alimenticio, industrial y energético. Su producción para
la exportación al mercado global (fundamentalmente UE, China, India, EEUU) se
lleva a cabo en zonas tropicales, en un régimen de monocultivo a gran
escala.
Las consecuencias negativas de los monocultivos de palma aceitera son una
realidad no sólo en Colombia, sino también en Indonesia, Malasia, Papua Nueva
Guinea, Camerún, Uganda, Costa de Marfil, Camboya y Tailandia, así como en
Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, México, Nicaragua y Costa Rica. Detallamos
aquí algunos impactos:
• Deforestación de bosques tropicales
Los monocultivos sustituyen bosques tropicales u otros ecosistemas, provocando
una grave deforestación, que trae aparejada la pérdida de biodiversidad,
inundaciones, el agravamiento de las sequías, la erosión de suelos, la
consiguiente contaminación de los cursos de agua y la aparición de plagas por
la ruptura del equilibrio ecológico y cambios en las cadenas alimentarias;
además pone en peligro la conservación del agua, de los suelos, de la flora y
de la fauna. La degradación de los bosques diminuye sus funciones en materia
climática y su desaparición afecta a la humanidad en su conjunto.
El Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó
como causas de la deforestación y la degradación de los bosques, las políticas
gubernamentales de sustitución de bosques por plantaciones industriales de
árboles –como la palma aceitera-, así como el avance de la frontera agrícola
empujada por las plantaciones de monocultivos.
La expansión de la palma aceitera es la mayor causa de deforestación en Malasia
e Indonesia. En ambos países, el nivel de deforestación ha aumentado
dramáticamente en los últimos años, en paralelo a la expansión de la palma. En
el caso de Malasia incrementó en un 86% entre 1990-2000 y entre 2000-2005,
mientras las plantaciones de palma se extendieron hasta 4,2 millones de
hectáreas. Indonesia, con la mayor superficie plantada con palma aceitera,
tiene la cuota de destrucción de bosque tropical más alta del mundo.
• Más Cambio Climático
Actualmente la deforestación en el mundo es la segunda fuente de contribución a
los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera. La expansión de
los monocultivos de palma aceitera se ha hecho en muchos países a costa de la
degradación y quema de las turberas así como de la deforestación.
Diferentes estudios científicos alertan que la destrucción de las
turberas supone al menos el 8% las emisiones mundiales de CO2
responsables del Cambio Climático. Se estima que por la degradación de turberas
se emiten en el Sudeste asiático periódicamente entre 136 millones y 1,42 mil
millones de toneladas de CO2, más las emisiones de la deforestación, la pérdida
de carbono del suelo, el uso de fertilizantes nitrogenados, las emisiones de la
maquinaria agrícola y la pérdida de sumideros de CO2. Las imágenes de satélite
muestran los incendios forestales en Indonesia en las zonas de mayor
almacenamiento de carbono en el suelo en ese país, producto de las prácticas de
deforestación vinculadas a la producción de aceite de palma. El aceite de palma
procedente de la deforestación se vende a empresas multinacionales como
Unilever, Nestlé y Procter & Gamble, y a otras grandes marcas de la
alimentación, cosmética y agrocombustibles.
Por otra parte, el aceite de palma está siendo utilizado para la producción
industrial de agrocombustibles, en medio de la crisis del cambio climático
provocada por la quema indiscriminada de combustibles fósiles. Sin embargo el
Gobierno sueco, entre otras muchas instituciones, reconoció en un estudio de la
Autoridad Nacional de Carreteras que “incrementar la cantidad de biocarburantes
importando aceite de palma podría aumentar las emisiones de CO2 en vez de
reducirlas”.
• Amenaza para millones de indígenas
Según el Forum Permanente de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, 60
millones de indígenas en el mundo corren riesgo de perder sus tierras y medios
de subsistencia por la expansión de plantaciones para producir agroenergía. De
ellos, 5 millones se encuentran en Borneo (Indonesia), donde las comunidades
indígenas están amenazados por los planes de expansión de las plantaciones de
palma aceitera. Por otra parte, el Gobierno de Malasia ni siquiera reconoce los
derechos territoriales ancestrales o indígenas, las plantaciones se están estableciendo
en tierras reclamadas por comunidades indígenas y el Gobierno tiene previsto
establecer otro millón de hectáreas de nuevas plantaciones de palma en tierras
indígenas. Situaciones similares se repiten también en otros países.
El Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó
como causas de la deforestación y degradación de los bosques, la falta de
reconocimiento por parte del Estado de los derechos territoriales así como del
derecho de uso de los bosques y de otros recursos a los pueblos indígenas y
otros pueblos que dependen de los bosques, como las comunidades
afrocolombianas.
Como muestra, señalamos también el plan estratégico para la plantación de
especies agrocombustibles sólo para el estado de Chiapas, México –punta de
lanza y ejemplo nacional- que establece como superficie potencial en el estado
de Chiapas, 900.000 has (7ª parte de la superficie estatal). Ya se han
establecido al sur de la Selva Lacandona dos viveros para palma africana, los
más grandes de América Latina. Este megaproyecto es calificado de ecocida y
etnocida por permitir e impulsar la titulación individual y posterior
privatización de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades campesinas,
conocidas en México como ejidos y bienes comunales.
• Apropiación ilegal de territorios, conflictos por la tenencia de tierra y
violaciones de los derechos humanos
La ocupación de los territorios por el monocultivo de palma se ha hecho a costa
de los derechos de las comunidades locales y ha significado la destrucción de
su tejido social, su cultura y los ecosistemas biodiversos, perjudicando así
los medios de subsistencia de los que depende su vida. Comunidades indígenas,
campesinas y de afrodescendientes han sido expulsadas violentamente o han sido
forzadas a desplazarse. En ocasiones, mediante violencia del Estado u otros
actores armados, engaños y presiones, terminan arrendando, vendiendo o
perdiendo sus tierras.
En el caso de Colombia, la expansión del aceite de palma está relacionada con
graves violaciones y abusos de los derechos humanos. ONGs internacionales en
Colombia han documentado 113 asesinatos en la cuenca fluvial de Curvaradó y
Jiguamiandó, en la región del Chocó, a manos de paramilitares que trabajan con
compañías palmicultoras, para que éstas se adjudiquen tierras que legalmente
pertenecen a comunidades afrocolombianas. Los grupos paramilitares operan con
el apoyo de la Brigada 17 de la Armada Colombiana y son responsables de 13
desplazamientos forzosos. La estrategia paramilitar desarrollada en complicidad
con la armada colombiana incluye bloqueo económico, asesinato selectivo,
masacres y tortura. A pesar de las evidencias de la ilegalidad del
establecimiento de las plantaciones de palma (como ha sido reconocido por la
oficina del Fiscal General y del Defensor del Pueblo de Colombia; la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, etc.) y de la destrucción d
e vidas humanas, el gobierno colombiano no ha tomado medidas efectivas
para prevenir esta situación o para restituir la tierra a las comunidades afro
colombianas.
La expansión de monocultivos amenaza las vidas, tierras y costumbres de las
comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas no solo en el Chocó sino
también en Tumaco, Magdalena Medio, Vichada, Meta y las regiones amazónicas. De
acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
200.000 personas son desplazadas cada año en Colombia, completando los 4
millones a lo largo de los 20 últimos años – la segunda tasa de desplazamiento
más alta del mundo – con expropiación de más de 6 millones de hectáreas de
tierras. La mayoría de los desplazamientos forzosos están directamente
relacionados con cuestiones de tierras, lo que incluye la expansión de los
monocultivos de palma.
En Indonesia los conflictos por la expansión de las plantaciones de palma han
aumentado: las grandes empresas están expropiando ilegalmente a los
agricultores y contratan vigilancia privada para imponer el estado de hecho.
Sólo en 2006 se documentaron 350 conflictos agrarios y 1.753 casos de
violaciones de Derechos Humanos.
También en Ecuador las plantaciones de palma aceitera provocaron la pérdida de
bosques primarios únicos que constituían el territorio comunitario y ancestral
de comunidades, acabando con sus fuentes de agua, alimentación, medicina,
espiritualidad y cultura. En la actualidad, el Plan Agrario y Forestal del
gobierno tiene previsto más de 450.000 h de palma, entre otros monocultivos
para la producción de agrocombustibles, ocupando bosques tropicales y cultivos
alimenticios en territorios indígenas, afroecuatorianos y de comunidades
campesinas. Su derecho humano al agua será severamente violentado.
• Aumento del uso de agrotóxicos
Los “Principios y Criterios para la Producción Sustentable del Aceite de Palma”
del RSPO permiten el uso de plaguicidas muy tóxicos, que son extremadamente
perjudiciales para la salud humana y ambiental. En su forma actual, los
criterios sirven a los intereses de la industria de los plaguicidas y no a la
salud de los trabajadores de las plantaciones de palma aceitera.
A pesar que se están denunciando desde hace años los efectos nocivos del uso de
Paraquat (su mayor productor mundial es Syngenta) o Gramoxone sobre la salud de
mujeres y hombres que trabajan en estas plantaciones de monocultivos de palma
aceitera, cada año decenas de miles de trabajadores se contaminan con estos
agrotóxicos, y muchos mueren al estar en contacto con estos plaguicidas
extremadamente peligrosos.
• Violación del Derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y
culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y
ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
La producción de aceite de palma en el actual modelo económico globalizado, de
agricultura industrial –con monocultivos a gran escala- y al ritmo de los
intereses económicos, supone una competencia con la producción de alimentos. No
menos preocupante resulta la contra-reforma agraria que acompaña este modelo,
en el cual grandes grupos industriales se hacen con el control de amplias
extensiones de tierra, profundizando así la explotación laboral, la migración
campo-ciudad, la pobreza, los conflictos sociales y las violaciones de los Derechos
Humanos.
Actualmente hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que sufren hambre
y desnutrición. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estima
que hay unas 100 millones de personas más que no pueden comer debido al fuerte alza
de los precios de alimentos en los últimos tres años. Las razones son
complejas. Pero según un informe confidencial del Banco Mundial, los
agrocombustibles han provocado una subida de hasta un 75% en el precio de los
alimentos - mucho más de lo que se estimaba anteriormente. Y hay un claro
consenso entre los organismos internacionales de que la creciente demanda de
materias primas para agroenergía es un factor importante. También la OCDE
concluyó que entre 2005 y 2007 “hasta un 60% del aumento de los precios de los
alimentos respondía al uso de cereales y aceites vegetales para la industria de
biocombustibles”.
El modelo agroindustrial acelera además el Cambio Climático y éste a su vez
incrementa la pérdida de suelo fértil y, en consecuencia, las hambrunas.
Podemos afirmar que no frenar esta dinámica supone aumentar deliberadamente el
número de hambrientos en el mundo y los conflictos por la tenencia de la
tierra, lo que constituiría un crimen de lesa humanidad.
En el caso de Guatemala, por ejemplo, se han puesto en marcha mega-proyectos de
palma aceitera para la producción de agrodiesel, provocando un acelerado cambio
en el uso del suelo, que podría afectar la soberanía alimentaria de las zonas
rurales, así como el desplazamiento de grandes contingentes de población
campesina.
¿Quiénes ganan con La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO)?
La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), un proceso de
certificación voluntaria promovido por grandes ONGs y la industria, es una
iniciativa que va en contra de los intereses populares. Declaraciones de
actores involucrados en la RSPO, como la Asociación de Productores de Palma de
Indonesia (GAPKI), permiten ver claramente que es un instrumento de expansión
del negocio de la palma y no una estrategia auténtica para contener sus
impactos ambientales y sociales. Muchas de las empresas miembros de la RSPO
siguen destruyendo grandes zonas de selva húmeda y violando derechos humanos,
como es el caso de Wilmar International en la Isla de Bugala (Uganda) y en
Indonesia, PT SMART, Agro Group e IOI Group en Indonesia, FEDEPALMA en
Colombia, o Unilever en Indonesia, Malasia y Costa de Marfil.
Tal y como se presenta esta iniciativa de RSPO en Colombia, en cuanto a sus
planteamientos y actores involucrados, es evidente que el interés principal de
este proceso de la “sostenibilidad de la palma aceitera” es puramente
comercial. No existe una auténtica intención de contener sus impactos sociales
y sobre los derechos humanos, sino que silencia los graves crímenes, las
irregularidades y el control paramilitar relacionados con el agronegocio de la
palma aceitera.
Rechazamos la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) porque:
- Los principios y criterios que propone la RSPO para la definición de
sostenibilidad incluyen a las plantaciones a gran escala.
- La RSPO está diseñada para legitimar la expansión continua de la industria de
la palma aceitera.
- Cualquier modelo que incluya la conversión de hábitats naturales a
monocultivos a gran escala no puede, por definición, ser sostenible.
- La RSPO está interesada en el crecimiento económico y la ampliación de
mercados del sector de aceite de palma, pero no en la sostenibilidad social y
ambiental.
- La RSPO está dominada por la industria y no se consulta genuinamente a las
comunidades afectadas.
- La participación de las ONG en la RSPO solamente legitima un proceso
inaceptable. Grandes organizaciones, entre ellas el WWF, impulsan y avalan este
proceso que no solamente no da respuesta a los problemas reales de las
poblaciones afectadas del Sur sino que los agrava.
- El esquema de la RSPO posibilita que las empresas certifiquen plantaciones
individuales eludiendo la evaluación integral de toda su producción. La
plantación “estrella” les permitiría mostrarse como “ambientalmente
responsables” aunque actúen de manera social y ambientalmente irresponsable.
Esto ya ha sucedido en el pasado con otros sistemas de certificación de
plantaciones industriales de árboles, como es el sistema de certificación
forestal del FSC.
- La RSPO es tan solo un intento más de disfrazar y negar la realidad, así como
de dar un “maquillaje verde” que haga aparecer como “responsable” a un modo de
producción que es intrínsecamente destructivo y ambiental y socialmente
insustentable.
Denunciamos asimismo que, sin prestar debida atención a todos los impactos de
dimensiones incalculables, la Unión Europea y otros organismos e instituciones
pretenden elaborar criterios formales de sostenibilidad para la producción de
materias primas para agrocombustibles. Sin embargo, el cultivo de palma
aceitera, como todos los monocultivos agroindustriales, NO ES ni puede ser
NUNCA sostenible.
Muchos daños provocados por la agroindustria de la palma aceitera en los países
tropicales son ya irreparables. A pesar de eso, mediante esta declaración
reclamamos:
* La paralización total de nuevas deforestaciones y conversiones de uso del
suelo para el cultivo palma aceitera; no destruir ni una sola hectárea más de
ecosistemas naturales.
* La cancelación de las relaciones comerciales de las empresas compradores de
aceite de palma con proveedores que destruyen los bosques y turberas, y que son
responsables o beneficiarios de violaciones de los Derechos Humanos.
* La protección de los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes
y comunidades campesinas afectados por plantaciones de monocultivos a gran
escala.
* Garantizar la reparación integral de los daños humanos y ambientales
generados por la imposición de los monocultivos a gran escala y por las
violaciones de los derechos humanos por parte de fuerzas del Estado y empresas
privadas. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas.
* Que se resuelvan todos los conflictos de tierras existentes vinculados al
monocultivo de la palma, lo que implica restituir inmediatamente las tierras
ancestrales a las comunidades afrocolombianas e indígenas afectadas por las
plantaciones de monocultivos, e implementar el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo OIT.
* Que se respeten los derechos de las comunidades locales sobre sus tierras y
territorios.
* Que se escuchen, atiendan, contesten y resuelvan los procesos judiciales,
denuncias y otros reclamos iniciados por parte de las comunidades afectadas
* No permitir más que las organizaciones de lobby de los agronegocios, como es
el caso de esta RSPO, sirvan para justificar la expansión indiscriminada del
cultivo de la palma ni para garantizar un alto nivel de agronegocio,
beneficiando a las grandes empresas a costa del futuro de los pueblos y el
planeta.
* Una moratoria inmediata para los incentivos, de la UE y de otros, a los
agrocombustibles y la agroenergía producto de monocultivos extensivos,
incluidas las plantaciones de árboles, y una moratoria a las importaciones.
Esto incluye la suspensión inmediata de todos los porcentajes obligatorios y de
incentivos tales como las exenciones de impuestos y las subvenciones que
benefician a los agrocombustibles procedentes de monocultivos, incluidas las
financiaciones a través de mecanismos de negociación de carbono, de ayuda
internacional al desarrollo o de créditos otorgados por Instituciones
Financieras Internacionales como el Banco Mundial.
Estamos a tiempo de cambiar de forma radical nuestra forma de producir,
transformar, comercializar y consumir productos agrarios y ganaderos. Para ello
debemos, por ejemplo:
* Detener la producción industrial de alimentos que está contribuyendo al
cambio climático y a la destrucción de las pequeñas comunidades rurales.
* Acabar con la privatización de los recursos naturales.
* Desmantelar las empresas de agronegocios, la especulación financiera con las
materias primas y las políticas económicas y comerciales responsables de la
crisis (y emergencia) alimentaria.
* Reemplazar la agricultura industrializada por la agricultura campesina y
familiar sustentable apoyada por verdaderos programas de reforma agraria.
* Impulsar políticas energéticas sostenibles. Consumir menos energía y producir
localmente energía solar y eólica y biogás en lugar de promocionar los
agrocombustibles a gran escala, como es el caso actualmente.
* Implementar políticas de agricultura y comercio a nivel local, nacional e
internacional, que apoyen a la agricultura campesina sostenible y al consumo de
alimentos locales y ecológicos. Esto incluye la abolición total de las
subvenciones que llevan a la competencia desleal mediante los alimentos
subsidiados.
Udine,
Italia, 28 de Septiembre de 2008
Firmado:
Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado (red
internacional Norte-Sur)
Si su organización desea adherirse a esta declaración, o para cualquier
comentario o inquietud acerca de esta declaración, por favor, envíe un mensaje
de correo electrónico con el nombre de su organización y el país a: unsustainablepalmoil@gmail.com
Adhieren a esta declaración:
1. Acción Ecológica, Ecuador
2. Acción por la Biodiversidad, Argentina
3. Agua Sustentable, Bolivia
4. Amis de la Terre (miembro de FoE International), Belgica
5. AMODE, Mozambique
6. Asociación HESED-JUSTICIA, España
7. Asociación Katio, España
8. Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, España
9. Associaçao para o Desenvolvimento e Democracia, Mozambique
10. Base Investigaciones Sociales BASEIS, Paraguay
11. Basler Appell gegen Gentechnologie, Suiza
12. Biofuelwatch, Reino Unido
13. Campaña "No te comas el Mundo", Estado español
14. Carbon Trade Watch, Países Bajos
15. Centro Balducci, Italia
16. Club Unesco di Udine, Italia
17. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
18. Comisión Permanente de Derechos Humanos, Colombia
19. Cooperativa Futura Societa Cooperativa ONLUS, San Vito al Tagliamento (PN),
Italia
20. Corporate Europe Observatory (CEO), Países Bajos
21. Earth Peoples,
22. Ecological Society of the Philippines, Filipinas
23. Ecologistas en
Acción, España
24. EcoNexus, Reino Unido
25. Entrepueblos, España
26. FDCL - Centro de Investigación y Documentación Chile - Latinoamérica,
Alemania
27. FIAN, Bélgica
28. France Amérique Latine, Francia
29. Global Indigenous Peoples Movement, USA
30. Grupo de Reflexión Rural, Argentina
31. Grupo de Trabajo Suiza Colombia, Suiza
32. Lasojamata, Holanda
33. Maderas del Pueblo - Chiapas, México
34. Movimiento Ambientalista de Olancho MAO, Honduras
35. Movimiento Madre Tierra (miembro de FoE), Honduras
36. Movimiento Mundial por los Bosques WRM, Uruguay
37. National Federation of Dalit Women, India
38. Network for
Ecofarming in Africa, Kenia
39. RAPAL, Uruguay
40. Red Latinomaericana contra los Monocultivos de Arboles
41. Robin Wood, Alemania
42. Salva la Selva/ Rettet den Regenwald, Alemania
43. Save our Borneo, Central Kalimantan, Indonesia
44. Slow Food, Kenia
45. Soldepaz
Pachakuti, España
46. Transnational Institute, Países Bajos
47. Watch Indonesia, Alemania
A día de hoy hablar de
comercio justo implica incorporar la perspectiva de la soberanía alimentaria.
Ambos conceptos están estrechamente unidos y el primero no es posible sin
asumir las premisas del segundo.
Cuando nos referimos al
comercio justo consideramos una serie de criterios de producción en origen: de
respeto al medioambiente, de pago de un salario digno, de igualdad de
género..., a la vez que reivindicamos su aplicación a todos los actores que
integran la cadena comercial. ¿Qué sentido tendría establecer unos criterios
para el productor y no para el punto de venta? Estos criterios, de justicia
social y medioambiental, que deben ser tenidos en cuenta en todo el “recorrido
vital” de un producto, están íntimamente ligados al principio de la soberanía
alimentaria.
La soberanía alimentaria es
el derecho de los pueblos a controlar sus políticas agrícolas y alimentarias; el
derecho a decidir qué cultivar, qué comer y cómo comercializar; a producir
localmente respetando el territorio; a tener en nuestras manos el control de
los recursos naturales: el agua, las semillas, la tierra...
En la actualidad la
producción agrícola responde al afán de lucro capitalista de las empresas
multinacionales y de las élites políticas que las amparan; lo que comemos viene
determinado por unos intereses económicos que no tienen en cuenta nuestras
necesidades alimenticias ni los límites de producción del planeta; los recursos
naturales están privatizados. Los alimentos se han convertido en una mercancía
donde su valor original, el de alimentarnos, ha quedado en un segundo plano.
Estos principios de la
soberanía alimentaria aplicados al comercio justo, nos llevan a hablar de un
comercio justo de proximidad, exceptuando aquellos productos que no se elaboran
en nuestro territorio; de un comercio justo respetuoso con el medioambiente y
controlado por las comunidades; de un comercio justo que combate las políticas
neoliberales y a las multinacionales.
De este modo, podemos hablar
de un comercio justo local, ya sea en el norte o en el sur: comer fruta y
verdura fresca de temporada producida por campesinos en base a unos principios
de justicia social y medioambiental, acceder a estos productos a través de los
mercados locales y la red de la economía solidaria. Del mismo modo que podemos
hablar de un comercio justo internacional, del sur al norte y viceversa, para
aquellos productos que no se producen localmente. Aquí, si adquirimos productos
como el café, el azúcar, la quínoa... debemos de asegurarnos que responden a
estos principios de soberanía alimentaria, donde su comercialización
internacional sea un complemento a su distribución local, a la vez que la
compra de estos productos en establecimientos solidarios nos garantiza la
transparencia y la justicia en todo el recorrido del producto
Visto lo anterior, ¿qué
podemos decir de un café de comercio justo en una estantería de un
supermercado? ¿De una miel que nos llega de Ecuador? ¿De los plátanos de una
gran plantación latinoamericana con su certificación correspondiente? ¿Es esto
comercio justo? Si tomamos como principio la soberanía alimentaria, ninguna de
estas prácticas lo es.
Una gran superficie que basa
su beneficio en la explotación de sus trabajadores; en extorsionar a los
campesinos y proveedores; en fomentar un consumismo irresponsable... nunca
podrá llevar a cabo un comercio justo. La importación de miel de Ecuador y su
consiguiente impacto ambiental, por más que haya sido elaborada con criterios
sostenibles, no ésta justificada en la medida en que contamos con mieles
locales producidas con estos mismos criterios. Que plantaciones bananeras en
manos de la industria agroalimentaria, como Chiquita y Dole, produzcan plátanos
con sellos de comercio justo, mientras que en otras fincas explotan a sus
trabajadores y acaban con la producción local, tampoco es comercio justo.
La consecución de la
soberanía alimentaria y de un comercio justo sólo será posible con el trabajo
conjunto de organizaciones de base campesinas, de consumidores, sindicalistas,
ecologistas... que apuesten por otro modelo de agricultura, de comercio y de
consumo al servicio de los pueblos y del medioambiente. Para conseguirlo, la
alianza campo y ciudad, Sur y Norte es imprescindible.
¿Por qué el diario Público organiza un concurso con Bacardí?
Me sorprendió mucho leyendo el diario Público
encontrarme con un anuncio de un concurso organizado por el citado
diario junto a la empresa Bacardí. Por ello, envíe al diario Público
una carta al director. Dado que han pasado ya más de 10 días y ni he
recibido contestación alguna ni la han publicado, la hago pública en
este espacio (la carta está escrita de una manera muy sintética para
cumplir la limitación de 1000 carácteres que impone Público en la
sección cartas al director).
Bacardí fue fundada en Cuba pero
trasladó su marca a Bahamas poco antes del triunfo de la revolución.
Sus propiedades en Cuba fueron nacionalizadas en 1962, pero al
contrario que otras empresas extranjeras, Bacardí no aceptó la
compensación ofrecida por el gobierno cubano a pesar de que ésta se
adecuaba a las leyes internacionales.
Desde ese momento Bacardí
ha justificado, apoyado o financiado acciones como un plan para
asesinar a F. Castro, una bomba en la embajada de Cuba en Francia y
atentados en hoteles cubanos en los que murió un turista italiano.
Bacardí apoyó además a la CONTRA en Nicaragua. Véase “Ron Bacardi: la
guerra oculta” de Hernando Calvo Ospina.
Bacardí jugó un papel
destacado en la redacción de las leyes Torricelli y Helms-Burton, que
endurecieron el bloqueo de EEUU a Cuba. El levantamiento de éste se
vota anualmente en la ONU; a pesar de la mayoría de paises a favor -en
2007, 179 a favor y 4 en contra– EEUU lo mantiene.
