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Las alianzas criminales de Coca-Cola

 

En días pasados un tribunal de los Estados Unidos absolvió a la multinacional Coca-Cola de los cargos por violaciones a los derechos humanos en Colombia. Mientras tanto, van cinco universidades en Estados Unidos que ponen fin a los contratos con Coca-Cola por sus vínculos con los grupos paramilitares colombianos.

[Iván Cepeda Castro. ANNCOL] Desde hace 23 años. Luis Javier Correa es trabajador de la multinacional Coca-Cola en Colombia. También es el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Sinaltrainal. Un día de 1987 decidió ingresar a la organización. En la noche, cuando llegó a la casa, encontró a sus hermanos y su esposa reunidos con el jefe de recursos humanos de la empresa.

Había venido a advertirles que pertenecer al sindicato era peligroso. Como no se dejó amedrentar, sus días en la embotelladora se convirtieron en un infierno. Al llegar a la compañía, los guardias de seguridad comunicaban su presencia. En ocasiones lo seguían hasta su puesto de trabajo y lo escoltaban cuando iba al baño. Lo vigilaban además con cámaras instaladas en toda la planta. Cualquier excusa motivaba castigos, como cuando quiso dejarse la barba y fue sometido a aislamiento por varios días. Después comenzaron a hostigar a quienes se relacionaban con él.

Los trabajadores que hablan con miembros del sindicato, o consultan la cartelera sindical, son llamados por los jefes e intimidados. En 1996, Luis Javier y otros de sus compañeros fueron acusados de terroristas, pero el montaje judicial no prosperó.

En las cinco plantas que tienen las filiales de Coca-Cola en el país laboran 8.700 empleados. De ellos, el 70% son temporales que ganan menos del salario mínimo a cambio de 16 horas de trabajo diario. Este personal subcontratado es sometido a toda clase de humillaciones. No tienen derecho a sindicalizarse, y los que se dedican a las ventas están obligados a cumplir cuotas diarias si no quieren perder el empleo. Algunos optan por endeudarse y pagar con su dinero la mercancía sobrante.

En 1996, en el municipio de Carepa, Antioquia, un grupo paramilitar ingresó a la embotelladora, asesinó al líder sindical Isidro Segundo Gil y reunió a los empleados para decirles que si no liquidaban el sindicato, los iban a matar. En horas de la tarde, los paramilitares volvieron e intentaron secuestrar a otro sindicalista, que logró huir. Esa misma noche saquearon e incendiaron la sede de Sinaltrainal.

El gerente de la planta en Carepa, Ariosto Mosquera, había amenazado públicamente a los sindicalistas diciéndoles que tenía listos a los paramilitares para asesinarlos. Ni el comandante de la brigada del Ejército, Rito Alejo del Río, ni el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, emprendieron acciones en el caso. Los sindicalistas debieron renunciar y salir de la región.

En febrero de 1999, la revista Cambio publicó un extenso reportaje en el que informaba que Rubén Darío Salazar, un alto ejecutivo de la compañía, se había reunido con los jefes paramilitares Ramón Isaza y Carlos Castaño. De tiempo en tiempo, en los baños de todas las plantas del país aparecen mensajes firmados por las Auc amenazando a los líderes sindicales.

En días pasados un tribunal de los Estados Unidos absolvió a la multinacional de los cargos por violaciones a los derechos humanos en Colombia. No obstante, ese es apenas un episodio del largo proceso judicial que continuará. Mientras tanto, van cinco universidades en Estados Unidos que ponen fin a los contratos con Coca-Cola por sus vínculos con los grupos paramilitares colombianos.

Publicado por ANNCOL el 13 de Noviembre, 2006, 14:43 | Comentar | Referencias (0)

 

 

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