Gustavo Castro Soto1

Convertir todo lo público en privado conlleva una estrategia fundamental: la privatización, concepto que ha ido modificándose a lo largo de los últimos 30 años. La primera generación del concepto de “privatización” se enfocó principalmente a los activos de los Estados, a sus empresas productivas agrícolas o industriales.

El modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 30 años es el puente que está preparando las condiciones para el modelo económico corporación-nación, último peldaño del sistema capitalista en su fase Terminal2. Es así como la liberalización comercial llega a todos los niveles que, en la lógica de la acumulación del capital, todo cuanto existe pretende ser incorporado a la lógica del mercado. El beneficiario intrínseco de las privatiza­ciones son obviamente las empresas privadas y en la lógica de la competencia, las mega-Corporaciones Trasnacionales (CT) que identificamos –en el marco de la competencia del mercado global– como sujeto principal que impulsa y se beneficia de este proceso de acumulación del capital que transita por diversos modelos económicos.

Convertir todo lo público en privado conlleva una estrategia fundamental: la privatización, concepto que ha ido modificándose a lo largo de los últimos 30 años. La primera generación del concepto de “privatización” se enfocó principalmente a los activos de los Estados, a sus empresas productivas agrícolas o industriales. La segunda se enfocó en el sector de algunos servicios. La tercera generación se ha enfocado en los recursos naturales y estratégicos: oxígeno (servicios ambientales), genes (biodiversidad) y agua. En el caso del proceso de la privatización del agua ésta se ha iniciado desde hace más de una década de manera silenciosa. Y es que, como lo afirmó la revista Fortune: “el agua promete ser en el siglo XXI, lo que el petróleo lo fue en el siglo XX: una preciada mercancía que determina la riqueza de las naciones”3. Por ello, convertir el agua en un recurso estratégico de múltiples usos y modalidades de explotación de plusvalor replantea la concepción geoeconómica y geopolítica que se ha tenido en torno a otros recursos comerciales4.

La necesidad del agua para el planeta5, para la sobrevivencia de cualquier tipo de vida pero en especial para el ser humano plantea la necesidad de garantizar el acceso a toda la humanidad. De ahí su carácter público, nacional, comunal y con funciones sociales y ambientales6. Teóricamente el agua alcanza para 20 mil millones de personas lo que equivale a más de tres veces la población mundial7. Sin embargo el modelo económico neoliberal y el tipo de gestión que se le da, no hace del agua un recurso renovable ni permite que sea disponible para todos. El vital líquido es ahora el recurso de las ultimas trincheras de la privatización para la cual se disputan mercados nuevos para la venta de grandes volúmenes de agua, más allá de las fronteras incluso trasatlánticas, rutas comerciales, apropiación de las fuentes de agua, etc., en sus diversos niveles: urbano y rural por un lado; y agropecuario, industrial y doméstico por el otro.

El andamiaje global

A partir de la década de 1970 y en el contexto de la crisis mundial de la deuda externa contraída con la banca multilateral por los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ésta inicia un proceso de implementación condicionante de políticas de ajuste estructural (PAE). Estas políticas han tenido desde entonces diversas generaciones, niveles y procesos8. Los principales instrumentos mundiales utilizados para imponer las condiciones que abrieran la economía del “tercer mundo” a un nuevo modelo que liberara principalmente al capital trasnacional de cualquier atadura de inversión y asegurara sus “derechos” fueron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Sin embargo, las presiones sociales que se desataron por todo el mundo contra estos dos instrumentos, entre otras razones, obligaron a que los recursos económicos y el destino millonario de prestamos a los países pobres fluyera por otros canales que no le impusieran límites a sus inversiones, o que los sujetara a la observación de norma­tividades internacionales en materia medio­ambiental o de derechos humanos. Estos canales fueron los bancos continentales (ver cuadro No. 1).
 

Y como dijera Johan Bastin del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, “el agua marca la última frontera que le queda por invadir al sector privado”. Cabe aclarar que solamente el 5 % de la población mundial recibe sus servicios de agua y saneamiento por parte de empresas privadas a pesar del exponencial crecimiento de la década de los 90, la inversión privada en el sector aumento en un 7900 % entre 1990 y 1997 en los países menos desarrollados con contratos en los cinco continentes9.

Pero de nuevo cuenta la presión ejercida sobre los bancos continentales para la observancia de normati­vidades internacionales en materia medioam­biental y de derechos humanos, lo que llevó al capital a deslizarse hacia los bancos regionales que no contaban con compromisos vinculantes.

De ellos la sociedad tenía poco conocimiento. Es entonces que los gobiernos nacionales, para ser miembros de esos bancos multilaterales y poder tener acceso a esos recursos, contratos de inversión y privatizaciones, fueron solicitando su membresía en un contexto en que América Latina y el Caribe, en este caso, aceleraban los procesos de privatización en la década de los 90 (ver cuadro No. 2).

Por último, hay un eslabón por donde escurren los recursos públicos canalizados para el financiamiento condicionando a los gobiernos: las Agencias de Crédito para la Exportación (ACE’s). Esta es otra Institución Financiera Internacional (IFI) creada por el gobierno de un país desarrollado para impulsar su comercio exterior. Pone fondos públicos en manos de las grandes empresas de su país con el fin de sub­sidiar sus exportaciones. La mayoría de los países desarrollados tienen algún tipo de ACE y son ahora las que más dinero público canalizan a sus empresas nacionales de carácter trasnacional o gobiernos extranjeros para proyectos de minería, energía nuclear, prospección petrolera, infraestructura o represas en los países del Sur. Prestan dinero para elaborar estudios de factibilidad para un proyecto, financian componentes eléctricos y mecánicos de alto costo. También dan seguros de riesgo comercial a una empresa privada que invierte en el extranjero, en caso de pérdidas o fracaso en su comercialización. O seguros de riesgo político en caso de conflictos, expropiación o embargo de sus bienes por parte de un gobierno. Prestan dinero a un país pobre con la condición que éste lo use para comprar bienes y servicios de las empresas del país que le presta (ver cuadro No. 3).

 Cuadro No. 3.

Algunas agencias bilaterales de ayuda y de crédito a la exportación en América Latina y el Caribe (ACE´S)
Noruega	Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) www.norad.no
Suecia	Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI)
Suecia	BITS; Comisión Sueca para la Cooperación Técnica e Industrial
Canadá	Agencia Canadiense de Desarrollo Industrial (CIDA); Corporación Canadiense para el Fomento de las Exportaciones (EDC); Agencia de Crédito para Exportación (ECA)
Francia	Caisse Centrale de Cooperation Economique (CCCE); Caisse Francaise de Developpement (CFD); FAC
Italia	Instituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) www.isace.it
Japón	Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) www.jbic.go.jp; Banco de Importación y Exportación de Japón (JEXIM); Japan Internacional Corporation Agency (JICA); Overseas Economic Corporation Fund (OECF); Thailand-Japan Technology Transfer Project (TJTTP) www.tjttp.or.th
Suiza	Agencia de Créditos a las Exportaciones de Suiza (ECAS); Export Risk Guarantee Promotes (ERG) http://www.swiss-erg.com; BAWI
Inglaterra	Departamento de Garantías a los Créditos para Exportación (ECGD) www.ecgd.gov.uk; CDC; ODA
Estados Unidos	Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) www.usaid.gov ; Overseas Internacional Investment Corporation (OPIC); Banco de exportaciones e importaciones de los Estados Unidos (EXIM) www.exim.gov
Alemania	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) www.gtz.de; KFW
Holanda	Banco de Desarrollo de Holanda

Sin embargo, las ACE’s no cumplen con estándares internacionales, normas o criterios en materia de derechos humanos, de un medio ambiente sano y sostenible o de un desarrollo justo. Extorsionan y presionan a la privatización y liberalización de los precios con el fin de que los gobiernos no controlen las ganancias de sus empresas. Su poca transparencia sobre el uso de los recursos públicos las convierte en una entidad hermética para el público actuando como IFI’s privadas y sin pagar impuestos. Ante esta situación, en 1998 una coalición de Organismos No Gubernamentales (Ong) reunidas en Mesum, Alemania, lanzó la “Declaración de Mesum” como una campaña para exigir normas medioambientales internacionales que deberían aplicar todas las ACE’s. Pero hasta diciembre del 2003 las ACE’s aceptaron Enfoques Comunes para el Medio Ambiente que en muchos aspectos son más rigurosos que la política ambiental del BID. Esta presión de que el capital se sujete a normatividades internacionales también ha llegado a los bancos privados10. Por si fuera poco, en el 2004 el BM y el BID han lanzado una estrategia para “descentralizar” hacia los gobiernos las norma­tividades medioambientales y de derechos humanos.

Para lograr que el agua se convierta de un bien público a un bien comercial, como en el caso de otras privatizaciones, las Corporaciones Transnacionales (CT) requieren, además del instrumento de las IFI’s, de aliados que en este caso son los gobiernos más ricos e industrializados del mundo quienes desde 1975, década en que inicia las PAE del FMI y del BM, forman el club privilegiado del Grupo de los Siete (G-7). Al menos cinco de esos países juntos (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) tienen en sus manos el control del 35 al 50% aproximadamente de los votos y por lo tanto de la definición de las políticas del BM y del FMI.

La imposición de condiciones también se lleva a cabo en escenarios desde donde se pretende legalizar de forma global y por encima de las naciones los derechos de las CT. Por ello, la nueva oleada de privati­zaciones en el mundo estuvo acompañada del nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que sustituyó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1994 y que regulaba la importación y exportación de productos. Con la OMC se amplía la capacidad de un escenario mundial de imponer nuevas reglas comerciales en torno a bienes y servicios, la agricultura y propiedad intelectual. Sin embargo, las presiones políticas y sociales y nuevas correlaciones de fuerzas no permitieron que las negociaciones de la OMC en Seattle (1999) y Cancún (2003) avanzaran. De esta forma el gobierno de los Estados Unidos hinca su estrategia para lograr la imposición de medidas comerciales en torno al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se ha visto truncado por la oposición de Brasil, Venezuela, de un gran movimiento social y de la Alianza Social Continental lo que limitaron el alcance y rapidez de la liberalización comercial. Esto llevó Estados Unidos a modificar su estrategia a otro nivel y centrar sus acciones en el ámbito regional por medio del Plan Puebla-Panamá (PPP), el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés), la Iniciativa de Integración Regional para Sur América (IIRSA), la profundización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN plus), entre otros. Pero una vez más, en la medida en que esto no se logra a la medida de la administración Bush, Estados Unidos impulsa los tratados bilaterales de libre comercio, país por país. Por medio de estos esquemas, el capital financiero y las empresas trasnacionales construyen las pistas y los circuitos para el libre movimiento de sus capitales e inversiones, entre ellos el tema estratégico del agua.

El andamiaje de la privatización del agua

La agenda de la privatización del agua no se entiende sin el andamiaje global. Pero de la misma forma requiere de sus propias pistas para aterrizar el objetivo de convertir el agua en un recurso económico.

La agenda de la privatización del agua inicia con más claridad en la década de los 90. Es en 1990 cuando en la Declaración de Nueva Delhi se estableció como una nueva ordenación global que las políticas de gestión del agua estuviera basada en las cuencas. En 1991 la ONU crea el Secretariado Internacional del Agua. Un año después, en 1992, en la Cumbre de Río sobre Biodiver­sidad se define como horizonte el año 2000 como meta para establecer nuevas estructuras institucionales y jurídicas en torno al agua bajo el diseño, apoyo y financiamiento del BM y del FMI quienes serían los acicates por medio de los cuales se presionaría a los gobiernos a modificar sus legislaciones y preparar el terreno para el mercado abierto del agua. El posterior encuentro en Dublín ya sólo es dedicado al tema del agua. Estos son los eventos previos a la creación de la OMC en cuyo amparo se crean otras instituciones que promoverían la privatiza­ción del agua como el caso de la Coalición de las Industrias de Servicios con sede en los Estados Unidos, y el Foro Europeo sobre Servicios de la Unión Europea. Al mismo tiempo en que nace la OMC y se firma el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus siglas en inglés) en 1994, nace el Banco de Desarrollo de América del Norte (BND) para financiar proyectos del sector público y privado en materia de agua.

Sin embargo, hay tres instituciones globales claves del agua –apoyadas e impulsadas por el BM, el FMI y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– encargadas de diseñar la agenda mundial privatizadora del agua e imponer las condiciones necesarias a los gobiernos, condicionar préstamos y modificaciones legales, presionar para lograr las concesiones privadas, crear una infraestructura y cultura de pago del agua, otorgar créditos endeudando a las instituciones publicas encargadas de hacer los cambios e inversiones necesarios antes de rematar la infraestructura y el negocio del agua.

Estas instituciones las componen las IFI’s, las grandes corporaciones privadas y los gobiernos:

1)  Consejo Mundial del Agua (WWC por sus siglas en inglés). Creada en 1996 con el fin de diseñar la estrategia privatizadora de la gestión del agua a nivel mundial. Su financiamiento proviene de las IFI’s, de las corporaciones multinacionales, de organismos multilaterales y gobiernos.  

2) Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en inglés). Creada en 1996 por el BM, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Dirige la estrategia para promover el agua como “bien económico” e impulsar las reformas en los sistemas públicos de agua potable, drenaje y saneamiento. Es financiado por las ACE’s, la Fundación Ford, el PNUD y del BM cuyo Vice-presidente Ismail Serageldin es el primer presidente del Comité Directivo de la GWP.

3)Comisión Mundial del Agua para el Siglo XXI. Creada en 1998. Es financiada por las ACE’s de Canadá y Holanda así como de organismos multilaterales de la ONU (PNUD, FAO, UNICEF y UNESCO). Apoya e impulsa la agenda diseñada para abrir el agua a los mercados y está conformada por 21 personalidades de todo el mundo entre ellos el Director William J. Congrove quien fuera asesor del BM y actualmente trabaja para Vivendi; e Ismail Serageldin que fungió como presidente del Consejo Directivo.

Inmediatamente después de la creación de este andamiaje institucional, se constituye en 1997 el escenario de imposición de la agenda privatizadora del agua creándose el Foro Mundial del Agua (FMA) donde las grandes CT y sus gobiernos aliados depositan la agenda a seguir en torno al recurso agua. En el FMA se dan cita las principales CT interesadas en el recurso económico del agua, las IFI’s, los organismos multilaterales, representantes de los gobiernos y científicos y especialistas que, junto con algunas Organizaciones “No” Gubernamentales que hacen eco de las políticas neoliberales. En el FMA se lleva la agenda previamente discutida, las conclusiones, los diagnósticos y las futuras líneas estratégicas sólo para que sean formalmente avaladas incluso por el espejismo de que la sociedad civil ha sido consultada. En torno a cada FMA se intensifica una fuerte campaña por parte de los gobiernos y empresas sobre la necesidad de la inversión privada y el correspondiente pago que la población debe hacer para tener acceso al agua. A todas las voces que critiquen este proceso y reivindiquen el agua como un derecho humano es señalado incluso por especialistas e intelectuales de “paternalismo”, discurso que en otrora no se justificó.

Desde 1997 y cada tres años se lleva a cabo el FMA. El primero se realizó en Marruecos, luego en Holanda, el tercero en Japón y el cuarto en México (ver cuadro No. 4). En el 3er FMA las CT propusieron la creación de seguros de riesgos y programas de garantías a sus inversiones cubiertos por el BM y el FMI, ACE´s y otras IFI’s. Ya desde hace muchos años el BM elabora sus diagnósticos en torno al agua para justificar la protección de las inversiones privadas11. En estas mismas fechas, en 1998, el BID informó de otros actores involucrados en las estrategias del mercado del agua. Entre ellos la Organización Mundial Meteorológica y el Global Water Partnership entre otros12.

 Cuadro 4

	1er FMA 1997	2da FMA 2000	3er FMA	4to FMA
Sede	Marrakech, Marruecos	La Haya, Holanda	Kyoto, Siga y Osaka, Japón	México
Objetivos	Preparar terreno para desarrollar la privatización del agua a nivel mundial	Revisar el panorama sobre el agua y preparar las acciones concretas hacia la privatización	Comprometer a los gobiernos nacionales a emprender medidas que permitan la privatización
Avances	CMA preparará un panorama del agua, la vida y el ambiente en el siglo XXI	Declaración que identifica 7 grandes retos relacionados con el agua y se establecen compromisos	Compromisos concretos para atender las metas del milenio y los acuerdos para la atención de las propiedades nacionales
Participantes	250-500	5.700	24.000 (+5.300 virtuales)
Ministros	0	114	130
Visitantes	0	32.500	225.000 (+1000 periodistas)

 Luego del 1er FMA el BID definió en 1998 la estrategia para el recurso agua que sintetizó así:

 “(...) el Banco apoyará y estimulará la participación del sector privado y de un sector público con capacidades de fluidez y regulación en todas las actividades y servicios referentes al agua; como componentes importantes de acciones ampliadas para la modernización de subsectores de suministro de agua y sanidad, hidroeléctricas e irrigación, así como del sector de recursos hídricos como un todo”13.

En ese mismo año la CEPAL diagnosticó la agenda privatizadora del agua:

“(...) casi todos los gobiernos de América Latina y el Caribe han anunciado una política de aumento de la participación privada en los servicios públicos relacionados con el agua (...) solamente en algunos países se ha traspasado al sector privado la función de administrar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, si bien otros funciones dentro de esos servicios, de carácter más técnico, efectivamente se han traspasado en muchos países”14.  

En este marco, las modificaciones constitucionales que se han impuesto a los países desde la década de los 90 a la fecha para crear nuevas leyes de aguas tienen las siguientes constantes:

1)  Se modifica legal y constitucionalmente el concepto de “bien público” y “bien natural”, a “bien comercial”, “bien económico”, “bien privado” o “bien estratégico”.

2)  Se crea una campaña publicitaria pública y privada en varias direcciones: “hay crisis del agua”; “millones de personas en el mundo mueren por falta de agua o por su mala calidad”; “el agua se está acabando y en un futuro será incierto para la humanidad”; “la culpa la tienen los indígenas por talar árboles, y la población en general por no cuidarla”; “el gobierno ya no tiene dinero”; “el cambio climático y la contaminación del agua agrava la situación”; “es justo que todos paguen por el servicio”; “el subsidio es paternalismo”; “sólo la inversión privada puede salvar la situación”; “la inversión privada mejorará el servicio, lo garantizará a toda la población y reducirá sus costos”; “es necesario legislar sobre el agua”.

3) El Estado permite la concesión de la gestión del agua de un país en manos privadas nacionales o internacionales. La concesión puede ser hasta de 30 años y con posibilidades de renovación. Las concesiones van ligadas a leyes de privatización de la tierra, los bosques y las selvas.

4)  La concesión incluye todo el ciclo del servicio: propiedad sobre mantos, pozos, ríos y otros acuíferos (asociado con la propiedad